Si el jurado de Manhattan condena a Donald Trump por cualquiera de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales en el caso del soborno, la siguiente pregunta inmediata será qué castigo debe recibir el expresidente.
Es una decisión que corresponde exclusivamente a Juan Merchan, el juez que supervisa el caso. El delito del que se acusa a Trump, falsificación de registros comerciales en primer grado, es un delito grave de clase E en Nueva York, la categoría menos grave, y se castiga con hasta cuatro años de cárcel.
Pero es poco probable que Trump sea condenado a prisión si es declarado culpable, dicen los expertos. Es la primera vez que delinque, y el delito del que se le acusa es un delito administrativo no violento. “Creo que el juez probablemente no lo encarcelaría solo por esas circunstancias”, dijo Cheryl Bader, profesora de Derecho en la Universidad de Fordham, que calificó de “improbable” cualquier sentencia de encarcelamiento.
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“Pero, además, dado que es un expresidente, tiene un destacamento del Servicio Secreto y es también el presunto candidato republicano, creo que una pena de encarcelamiento sería logísticamente muy difícil, pero también tendría implicaciones políticas que creo que el juez Merchan querría evitar”.
Es probable que cualquier castigo consista en multas, libertad condicional, servicios a la comunidad o alguna combinación de ellas.
“Me gustaría verlo hacer servicios comunitarios: recoger la basura en el metro”, dijo Karen Friedman Agnifilo, exfiscal jefe de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.
Mucho podría depender de cómo interprete Merchan la conducta de Trump, incluida cualquier falta de remordimiento.
“No puedo imaginar que veamos a un Trump arrepentido y pidiendo disculpas si llega el momento de la sentencia”, dijo Bader. “Los jueces también consideran el daño causado. Por un lado, el juez Merchan podría ver esto como una violación técnica para encubrir una conducta deleznable, causando sólo un daño mínimo. Por otro lado, podría considerar que la conducta de Trump inflige un profundo daño a todo el país al privar al público votante de su derecho a emitir un voto informado en las elecciones nacionales de mayor rango.”
El jurado no tendrá la opción de condenar a Trump por un delito menor: por falsificar registros comerciales pero no al servicio de otro delito subyacente. Los abogados de Trump podrían haber pedido a Merchan que diera esa opción al jurado, pero no lo hicieron.
Independientemente de por qué se condene a Trump, no afectará a su capacidad legal para presentarse a las elecciones presidenciales. La Constitución no prohíbe a los delincuentes presentarse a las elecciones. No se ha probado si pudiera ser presidente desde la cárcel. No podría indultarse a sí mismo de ninguna condena, ya que se trata de un delito estatal.
Una condena tampoco afectaría probablemente a la capacidad de Trump para votar en las elecciones de este otoño. Florida, donde está registrado, permite votar a las personas con una condena de otro estado si el estado en el que fueron condenadas lo permite. En Nueva York, alguien con una condena por delito grave puede votar siempre que no esté encarcelado.
Si Trump es condenado, es casi seguro que apelará rápidamente. Cualquier castigo quedaría entonces en suspenso mientras se tramita la apelación.
Merchan ya ha castigado a Trump dos veces durante el caso por violar una orden de silencio en vigor, y la forma en que el juez manejó ambos episodios podría ofrecer una idea de cómo enfocará cualquier posible sentencia. Subraya que Merchan es muy consciente de la dificultad logística de encarcelar a Trump y de las amplias implicaciones políticas si lo hace.
“Señor Trump, es importante que entienda que lo último que quiero hacer es meterlo a la cárcel. Usted es el expresidente de Estados Unidos y posiblemente también el próximo presidente”, dijo Merchan el 6 de mayo, cuando impuso una multa de mil dólares (16 mil 934 pesos) a Trump por desacato al tribunal por décima vez. También me preocupan las personas que tendrían que ejecutar esa sanción: los funcionarios del tribunal, los funcionarios de prisiones, el personal del Servicio Secreto, entre otros. Me preocupo por ellos y por lo que supondría ejecutar esa sanción”.
“Por supuesto, también estoy consciente de las implicaciones más amplias de una sanción así. La magnitud de una decisión así no es unilateral. Pero, al fin y al cabo, tengo un trabajo que hacer, y parte de ese trabajo es proteger la dignidad del sistema judicial y obligar al respeto”, añadió.
Traducción: Ligia M. Oliver
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